Los piquetes no son democráticos

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Tenemos un problema de fondo. La cultura autoritaria nos atraviesa. Durante la década pasada se convalidó la violencia como método de acción política. Buenos y malos. Patriotas y apátridas. Con derechos para protestar y sin derechos para protestar. Amigos contra enemigos. Así, desde el cargo de mayor envergadura, como es la presidencia de la Nación, se convalidó y promocionó este camino que lesionó seriamente el espacio del debate público democrático. Ese en el que estamos todos en un plano de horizontalidad y respeto y que tanto tiene que ver con la convivencia que debe darse en toda sociedad.

A este problema de fondo no se lo ha atendido y hoy padecemos las consecuencias todos los días, en especial los porteños. Problemas para ir al trabajo o a la escuela; para volver del trabajo y de la escuela; para hacer un trámite; para tomar un turno en un hospital o para viajar en el subte con algún nivel de eficiencia en el servicio. Ante la indiferencia de muchos la ciudad de Buenos Aires se ha transformado en la ciudad de la furia.

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A este problema se le agrega otro. Una gestión oportunista y por momentos irresponsable, con una enorme dificultad para determinar las prioridades. Así lo confirman lo hechos. Es que el gobierno porteño concentra la realización de las obras en un año electoral atendiendo a su interés político particular y dejando de lado la planificación responsable que disminuye el incordio para los ciudadanos que viven en esta ciudad.

Entre la violencia en las protestas y la tentación por el ventajismo electoral del gobierno la Ciudad se ha tornado intransitable.

Cuando de reclamos se trata, en una democracia avanzada o consolidada el espacio público o la circulación no son objetivo de los manifestantes. Por el contrario, son sagrados. Protestas se producen en todos los rincones del mundo, pero acá adquieren un carácter de rutina insoportable para el que transita por las calles y avenidas de Buenos Aires. Además, todos sabemos que hay una suerte de “industria” del piquete que se ha desarrollado a partir de la delegación de ciertas políticas sociales por parte de los Estados (Nación, Ciudad y gobiernos provinciales). Esta intermediación se fue de cauce y lo sufrimos en el “calendario” de cortes diario de organizaciones dedicadas exclusivamente a la tarea de obstruir el tránsito al efecto de obtener recursos estatales.

En este marco presenté en la Legislatura una serie de proyectos para aportar al ordenamiento de esta situación descontrolada. Así, por ejemplo, quedará prohibida la interrupción total de una avenida. Se deberán dejar al menos dos carriles liberados y las personas que no cumplan con esta Ley serán multadas u obligadas a realizar tareas comunitarias. Además, el canal de la Ciudad y una señalética inteligente, como la que utiliza la tecnología propia de los carteles de mensajes variables,deberían informarnos acerca del estado del tránsito en la Ciudad. Se trata de previsión y esta se alcanza con gestión, con dedicación y planificación. El déficit que padecemos en este sentido nos trae costos y mal humor y esto ha quedado reflejado en las encuestas de percepción que dan cuenta del estado de ánimo de los que vivimos y trabajamos en Buenos Aires.

En definitiva, debe existir un equilibro entre el derecho a protestar y el derecho a circular. Y en medio de este equilibro debe estar presente el Estado, con políticas que aseguren una planificación, orden vehicular y respeto a la ley.

Los tiempos de las excusas se agotaron. Hoy el gobierno de la Ciudad cuenta con policía propia, con sus comisarías y sus recursos. Podemos aspirar a una fuerza policial profesional que haga lo que hacen todas las policías del mundo desarrollado: dispersar sin tener que lamentar muertos o heridos. Con nuestra iniciativa la Policía de la Ciudad tendrá además nuevas herramientas legales para actuar.

Tenemos una enorme tarea pendiente: reconstruir el espacio público de la Ciudad. Esto lo debemos hacer entre todos, separando a los que reclaman de modo genuino de los que son parte de la “industria” de los cortes y piquetes. A lo que debe sumarse el compromiso del gobierno a actuar responsablemente a la hora de planificar la obra pública de la ciudad dejando de lado toda pretensión ventajista o electoralista.

Este es el camino que proponemos para reconstruir la noción de convivencia y tolerancia. Cuando logremos este cambio ya no habrá amigos y enemigos, buenos y malos. Habrá protestas y reclamos, claro, que deberán encuadrarse en este nuevo pacto de convivencia democrática en el que todos somos portadores de. Así funciona en las sociedades avanzadas.Debemos recuperar el tiempo perdido. Hay mucho por hacer por este cambio que reclama la ciudadanía con urgencia. Los piquetes no son democráticos.

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Sobre el Autor: H.R.

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